Llamamos burocracia al conjunto de hombres y mujeres que se dedican a administrar los recursos económicos de un país, bajo la consigna dictada por el poder político, al cual confiamos todo el poderío económico detraído al pueblo trabajador a través de los impuestos, para que lo administre, gaste, malgaste, derroche e incluso lo sustraiga, a través de empresas fantasmas creadas al efecto para disfrazar su naturaleza corrupta ante el pueblo que le votó.
Pero del pueblo embrutecido, “turba”, hemos pasado al pueblo adormecido, “piara”, que resiste lo que le echen, con tal de vivir en paz y tranquilidad sosegada. Así que probablemente desconozca que consentir una cosa o desvío menor es abrir las puertas al desorden económico, administrativo y social; y tras este comportar, siempre ha venido el desorden social, e incluso la revolución.
Quisiera soñar con traer a la mentalidad de nuestro pueblo que no se conforme con poco, que no se conforme con el derroche administrativo que malgasta los fondos de nuestros impuestos. Cuando así se empieza, cuando esto ocurre, el límite y el orden sólo lo impone la revolución. Y de esto, nuestro pueblo está sobrado de experiencia.
Os invito a que penséis el por qué la empresa más importante y con más trabajadores en nómina de cada población Española, es el Ayuntamiento de cada pueblo o ciudad. Y esto es válido para Madrid, para Barcelona, y para la población más pequeña de España.
¿Cómo es esto posible?, si hoy, con los medios informáticos disponibles, para administrar los recursos de un pueblo nos bastaríamos con 4 o 5 personas; y disponemos de más de 20, en la mayoría de las pequeñas poblaciones.
He aquí un ejemplo típico de la burocracia, que premia al amiguismo y se aloja en el nepotismo, como báratro de la economía y el mal hacer.
Pongamos un ejemplo típico de la burocracia a nivel Europeo:
Nos inventamos un cargo –que no estaba previsto por no hacer falta–, porque disponemos de un amigo o compañero de partido al cual pretendemos ayudar.
A este señor –naturalmente icono del poder constituido– le damos unas competencias sobre la nada, o por ejemplo sobre el aire; competencias, como podemos comprender, a todas luces baldías, pero que nos las venderán como indubitables.
Naturalmente, este buen señor, para darle importancia a su cargo, nombrará a un delegado, a un secretario, y a uno o varios escribas, fundamentalmente, para darle rango al cargo, y sobre todo, por si algo sale mal, echar la culpa a sus subordinados, y él quedarse de por vida ostentando la dirección del invento, sin asumir responsabilidades.
El delegado, a su vez, nombrará a una comisión de expertos –mientras más torpes mejor, para que no le hagan sombra–, y éstos empezarán a tomar muestras de aire para analizarlo y observar –por ejemplo– los niveles de humedad y de contaminación, para establecer los parámetros mínimos y máximos a exigir en la homologación que piensan fijar y establecer ya de por vida.
Una vez establecidos estos valores homologables, tan doctos señores de cultura zafia lo convertirán en ley, y empezarán por exigirlo en colegios, hospitales, empresas industriales, grandes superficies comerciales, autobuses, autocares, taxis, discotecas, bares, hoteles, gimnasios y demás establecimientos, con el afán de que se hagan con la homologación de contaminación ambiental del local.
Para ello se crean empresas paralelas naturalmente nombradas a dedo por la administración, que se cuidarán de otorgar estas certificaciones, con el agravante de revisión semestral o anual, para así venir, ponerte el sello y cobrar unos buenos dineros de las empresas a todas luces timadas.
Naturalmente, con el agravante de denunciar a aquellos cuyos locales no posean la certificación de homologación comentada o que excedan en sus instalaciones los límites impuestos (medidos muy probablemente por un aparato oxidado, no homologable, y que por tanto puede presentar graves problemas de error).
Se me ocurre pensar que son técnicas coetáneas a las de José María El Tempranillo (mítico bandolero andaluz), pero revestidas de un modernismo progresista que deberíamos restañar justo en este momento de tantas dificultades económicas, adonde nos ha traído la bojiganga de los poderes establecidos en la Europa de la democracia (y así nos va).
Si este sistema aquí ideado, nacido de la iniciativa de una infeliz criatura, proclive al fastidio y la holgazanería, da resultado al partido, y si coge a la sociedad durmiendo la siesta en el momento de su puesta en práctica, muy pronto dispondremos de dependencias que cuidarán sobre política del aire, en todas las autonomías, y habremos colocado a 50 o 100.000 filiados que cuiden de este menester burócrata, que tanto daño hará a la economía, a las empresas, al ciudadano, y al propio país.
El costo que ello conlleva es lo de menos, porque aún disponemos de capacidad de endeudamiento. De momento, solo nos hemos endeudado nosotros mismos, hemos endeudado a nuestros hijos, y también a nuestros nietos.
De deudas estamos hasta el cuello, pero aún nos queda un poco hasta llegar a las orejas, que desgraciadamente las tenemos al nivel de nuestra nariz, que es el nivel máximo de endeudamiento que nos exige la burócrata e inepta Europa: porque si cubrimos nuestra nariz, al no poder respirar, nos asfixiamos.
A estos señores economistas y políticos, de bajo tinte y escasa escuela, a los que pagamos cantidades ingentes de dinero por extorsionar y crear problemas a la sociedad, no le dieron en la universidad –a los pocos que asistieron a ella– lecciones sobre pudor atávico; faltos están, a juzgar por dónde nos ha llevado su mal hacer y peor comportar.
Se me ocurre pensar que algún lector pueda reírse sobre mi ejemplo de política del aire, ideado para definir con más o menos gracia satírica el mal que la burocracia puede crear y, de hecho, está creando a diario en la sociedad. Pues todo es posible, por duro que sea de creer; sólo espero que no lo lea ningún político influyente de nuestra España, porque muy probablemente el sistema se implantaría.
Pongamos un ejemplo práctico y similar: I.T.V., Inspección Técnica de Vehículos.
Implantada en España hace varios años, precisamos la atención de una empresa homologada por el poder político para que nos certifique la viabilidad o no de nuestro vehículo, cada cierto tiempo.
¿Es acaso este organismo burócrata más válido que un servicio oficial de SEAT, Renault, BMW, Mercedes, Ford, Fiat, Toyota, Audi, Citroen-Peugeot, etc., etc., que son fieles conocedores de nuestros vehículos, y de los males que le aquejan desde el momento de su adquisición, porque pasamos regularmente las revisiones en estos talleres, que las propias marcas disponen o nos exigen?
No.
¿Es pues más corrupta la empresa privada que la estatal o concesionaria estatal, para no poder ofrecer una inspección con garantía? No, como mínimo, la ponemos al mismo nivel.
Pero así como el médico de cabecera que nos asiste desde largos años sabe de nuestros males sólo de vernos mientras que el médico neófito –para pronunciarse con criterio objetivo– precisaría de nuestro historial médico y no podría –en los 5 o 10 minutos de visita de los que dispone por paciente– establecer un pronóstico fiable de nuestra enfermedad, el técnico de la I.T.V., que no conoce nuestro vehículo, está objetivamente en peor disposición para otorgar un certificado de inspección que los servicios oficiales de las compañías fabricantes de automóviles.
Al criterio antes apuntado, del perfecto conocimiento de nuestro vehículo por los talleres de servicio oficial de las distintas marcas al asistirnos en las revisiones periódicas exigidas –sobre todo en el período de garantía del vehículo–, se une la alta y dispar tecnología que estas compañías implantan en sus motores, por cuyo motivo están inhabilitados la mayoría de los mecánicos que no procedan de la marca del vehículo a inspeccionar o no hayan hecho cursillos de adaptación.
Está claro, a nuestro modo de ver, que en los concesionarios de la I.T.V. no hay mecánicos con capacidad suficiente para inspeccionar a fondo vehículos de todo el amplio espectro de marcas en el mercado.
Entonces, ¿qué maldito criterio se ha seguido para establecer esta red de talleres de inspección, a toda costa innecesarios, y cuyo servicio a la sociedad lo pueden prestar con mejor criterio los servicios oficiales de las distintas marcas?
A todas luces, y fundamentalmente, por esa malsana idea que existe en todos los políticos, de disponer de empresas obedientes y dependientes, bajo la tutela del poder.
Y por otra, la caricia mental y sosiego de ánimo que supone para todo individuo, el dirigir un monopolio de oferta, ante una abundante concurrencia de demanda, a la que imponer precios políticos, de absoluto abuso.
¿Entonces la I.T.V. es un monopolio? Efectivamente, la Inspección Técnica de Vehículos es un monopolio concedido por la administración a empresarios afines al poder político; esto es así y lo damos los ciudadanos como válido en una Europa burócrata, que nos vende la etiqueta de mercado libre y de antimonopolista.
Nada nuevo bajo el sol, dicho sea de paso. Efectivamente, con la entrada en la CEE, España hubo de reestructurar su tejido industrial porque las empresas base sobre las que se sustentaba el sistema eran Monopolios establecidos por el General Franco.
¿Cómo fue posible que un gobierno de derechas y fascista basara su desarrollo industrial en empresas estatales y en cooperativas, en clara alineación con el sistema económico imperante en los países comunistas o del telón de acero?
España estaba sometida a un boicot internacional en nuestra post-guerra y posteriormente, después de la II Guerra Mundial. Prueba de ello es que no nos tuvieron en cuenta a la hora de acceder a los fondos del “Plan Marshall”, esa iniciativa de Estados Unidos para fortalecer y poner en marcha la maltrecha Europa, después de la contienda bélica más sangrante de la historia.
Europa fue culpable, sobre todo países como Francia, Inglaterra e Italia –porque Alemania derrotada no contaba–, de que España –que se estaba muriendo de hambre– no contase para favorecerse de los fondos del susodicho plan.
¿Y por qué una vez derrotado el fascismo ignoran en Europa a este pequeño reducto Ibérico, compuesto por España y Portugal, países históricos y entrañables, ubicados además en lugares estratégicos entre dos continentes, y gobernados por el sistema que ellos mismos derrotaron? Precisamente para que se mantengan en la miseria y no se desarrollen, sabedores que nuestra capacidad de hacer fue siempre y en los siglos superior a la de cualquiera de los países citados.
Y la oposición comunista, huida con el tesoro, ¿qué papel jugó en esto? Aplaudió el gesto, creyendo que era la mejor fórmula para la caída del régimen establecido; tal como argumentaron el robo del tesoro: para financiar la guerrilla y derrocar al franquismo. Esta medida internacional –creyeron–, les beneficiaría.
Ante tal dilema, de falta de ideas y de proyectos empresariales con capital privado, el General Franco se dispuso a crear los pilares de la economía, sabedor de que una empresa no se ubica allá donde no haya un tejido industrial que la ampare y le facilite los servicios básicos que precisa.
El General Franco, bien informado de este menester –porque siempre gustaba rodearse de los número uno de las universidades–, vino en crear el INI, Instituto Nacional de Industria. Y al amparo de este Instituto, se crearon las empresas monopolistas tales como: Telefónica, RENFE, Altos Hornos de Vizcaya, Altos Hornos de Sagunto, Empresa Nacional Bazán, Astilleros Españoles, Empresa Nacional Motores de Aviación –Antigua Elizalde– Minas de Almadén, Empresa Nacional Santa Bárbara, ENSIDESA, Clausor, SEAT, Empresa Nacional Autocamiones Pegaso, Construcciones Aeronáuticas, CAMPSA, Cepsa, Enpetrol o Empresa Nacional del Petróleo –posteriormente Repsol– ENHER, Iberia, Paradores de Turismo, Empresa Nacional Carbonífera del Sur, Fertiberia, Industrias Textiles de Guadalhorce, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Loterías del Estado, Tabacalera, con su red distributiva de estancos. Correos y telégrafos, Banco Exterior de España, etc., etc.
Con esta red de empresas monopolistas y una vigilancia estricta del Banco de España sobre los bancos privados y las cajas de ahorro creadas por las diputaciones provinciales, se pusieron los cimientos para atraer a la industria internacional, ofreciéndoles seguridad ciudadana, nulidad de huelgas, libertad de inversiones y control de capitales; y mano de obra barata en clara consonancia con el hambre del pueblo. Llegamos en pocos años a darle la vuelta al Plan Marshall y a ser la 7ª potencia industrial del mundo, y la primera en construcciones navales y militares.
Llegado este momento, el General Franco, con buen criterio de gran estratega, y sabedor del poderío que tiene España con su privilegiado asentamiento, con el estrecho entre dos continentes y mares, se propuso desarrollar la bomba atómica, al disponer ya de varias centrales nucleares funcionando en España.
Fue entonces cuando los Estados Unidos de Norteamérica tomaron miedo al antiguo imperio dormido, que se presentaba como potencia emergente ante el mundo de la industrialización. No dudaron en venir, y enviaron nada menos que al propio Presidente de la poderosa nación, a negociar, paralizando tan atrevido proyecto con el acuerdo de defender a España del enemigo exterior mediante la implantación de las Bases Operativas USA en Rota y en Zaragoza. El éxito estaba asegurado, y es una victoria del General Franco que la historia silencia.
Una copia perfecta de la iniciativa del General Franco la está haciendo estos años Korea del Norte, que para que no pongan en marcha su cacareado plan atómico, los están cargando de millones de dólares a fondo perdido.
Estas empresas monopolistas que citábamos, se crearon al amparo del poder político, con la exclusiva misión, de atender las necesidades que precisaba la empresa privada, para crear al amparo de ellas, el tejido industrial de España; y fortalecer a la empresa ya existente.
Así que venimos en opinar que no pretendían rentabilidad alguna, sino dar un servicio que demandaba la sociedad.
Por tal motivo, estas empresas, cuya cuenta de resultados no importaba, muy pronto se cargaron de directivos y altos cargos, movidos por un amiguismo y un nepotismo propios de nuestra condición latina; y pasaron de ser el vector del desarrollo industrial de España, a convertirse en una rémora para la economía del país.
Con la venida de la democracia y nuestra entrada en la CEE, estas empresas fueron privatizadas, al no admitir la CEE monopolios en su estructura económica.
Aquellos postulados que nos prometían nuestras grandes empresas, y que fueron la base y la esencia del desarrollo industrial de España, muy pronto cayeron pulverizados por la realidad.
¿Y cuál era esa realidad? Que el tránsito de convertir una empresa monopolista a una empresa concurrente en los mercados de oferta y demanda, no se podían realizar; porque con una ley laboral franquista (en parte presente hoy día), la más dura e inflexible del mundo para el empresario –que no podía despedir, al estar ligado el trabajador de por vida a la empresa–, era prácticamente imposible hacer las regulaciones que permitiesen a las empresas regular sus balances, ajustar los empleados al nivel de las necesidades de la compañía, y, en definitiva, entrar en condiciones óptimas y de competitividad en el mercado de concurrencia entre oferta y demanda que nos exigía la CEE.
Tan desgraciado asunto se resolvió con la disolución de muchas empresas, y las más importantes se salvaron con cotizaciones en bolsa a valor ridículo, porque el costo para el accionariado entrante, que pagaba bajo mínimos la acción, vendría después, con los costos que producirían las regulaciones de empleo.
La empresa es para empresarios, y ningún gobierno de ningún país del Mundo ha conseguido jamás rentabilizar una empresa dirigida por el poder político.
Ejemplo de España: ¿cuánto ganan los distintos canales de televisión privada?
Como contrapartida, ¿cuánto pierde anualmente cada canal estatal o autonómico?
¿Nos ofrecen mejores programas los canales estatales? No
¿Porqué pierden dinero?: por la burocracia interna, el amiguismo, el nepotismos y la corrupción que hemos descrito en este apartado de nuestro libro, dedicado fundamentalmente al estudioso de la ciencia del Marketing, para hacerle comprender con criterio crítico pero objetivo, que la empresa Pública, el Monopolio y el Oligopolio, son la negación del Marketing, y un cáncer que hiere de muerte a los mercados.
En cuanto a la burócrata Europa, nos exigieron cerrar nuestras empresas monopolistas, que eran de las más grandes y prestigiosas de Europa, y una vez cerradas, miran para otra parte, dejando a la administración Española con sus entes autonómicos, que creen cientos de empresas, como los Transportes Públicos de las ciudades, incluidos los ferrocarriles metropolitanos, la propia ITV ya comentada, y fundaciones por doquier, que no son más que auténticos monopolios que sangran a la economía del país.
A propósito, ¿conocemos alguna empresa de transporte público, dirigida por algún ayuntamiento, que dé beneficios en su cuenta de resultados? Creemos que no la conocen ustedes, sencillamente porque no existe.
Por el contrario, ¿conocen a alguna empresa de transporte público de viajeros y privada, en ciudades o en comarcas, que pierda dinero en su gestión? Creemos que no, porque opinamos que no existe.
¿Dan peor servicio estas empresas privadas del transporte que las públicas?; sencillamente: no. El problema es que mientras la empresa privada dispone de un empresario que la dirige, jugándose su prestigio y su dinero, la empresa pública la administra un político no profesional, que no suele entender de la cosa, y que no se juega su dinero; además, el amiguismo personal y político de la dirección, la harán disponer de una carga de empleados no válidos ni necesarios, lo que provocará pérdidas en su gestión; dinero que pagamos los contribuyentes, y que a nadie al parecer importa.
Después de lo expuesto, podemos concluir, afirmativamente, que no hay mercado donde no haya concurrencia de oferta y demanda. Que las acciones de la ciencia del Marketing sólo podemos desarrollarlas en los mercados abiertos y no encorsetados o encarcelados por los monopolios u oligopolios.
El poder político desestima comúnmente esta ciencia que ha revolucionado el mundo de los negocios –al que no debemos sentirnos ajenos porque a todos incumbe–, y es que necesita de la burocracia como argumento y sostén de su propia corrupción. La casta política necesita personas insensibles a este estado de cosas, o que convivan con todos sus vicios con total naturalidad y aquiescencia.
Si hay que estar continuamente alertas ante el monopolio del poder, sobre todo cuando lo disfraza con aburridos discursos y sublimes intenciones mientras cierra el paso a la autonomía o competencia de terceros, esto es especialmente recomendable en el caso de la educación. Porque de allí, de los colegios, de la orientación familiar, de la influencia del entorno, saldrá la masa aborregada que aplaudirá al político inepto y sostendrá al burócrata parásito.
La educación ha de ser como una empresa más, obligada a ser eficiente y rentable, esto es: a formar personas cultivadas y proactivas, deseosas de dar lo mejor de sí –según los talentos naturales que cada cuál posea y el empeño que pongan en ello–; personas, en suma, competitivas, y por tanto enemigos de toda la parálisis que implica la burocracia, ese mal endémico de nuestra cultura y que debemos extirpar de raíz.
